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La otra cara de la prohibición de las viviendas de uso turístico

Por 21/05/2018diciembre 16th, 2019Legislación

En los últimos días estamos viviendo un verdadero revuelo en relación a la prohibición de las viviendas de uso turístico que ha propuesto el Ayuntamiento de Madrid. Y es que, según el borrador del Plan Especial de Implantación del Uso de Hospedaje, el 95% de las viviendas que actualmente son VUT dejarían de poder alquilarse como tal.

He de reconocer que si con esta medida se llegase a controlar la subida del precio de los alquileres me parecería incluso una medida acertada. Pero resulta cuanto menos ingenuo pensar que las 14.000 viviendas de uso turístico que hay en Madrid, de las cuales solo alrededor de 6.000 se alquilan más de 9 meses al año, sean las responsables de tal subida. Porque, recordemos, hay una gran parte de las viviendas que se alquilan en portales como Airbnb que nunca llegarían al mercado del alquiler tradicional: segundas residencias, viviendas de personas que están desplazadas en otras ciudades de forma temporal… son algunos casos bastante habituales y que no se suelen tener en consideración.

Siguiendo con los datos, la medida llama la atención cuando comparamos la cifra de viviendas de uso turístico con otras un tanto más abultadas que también suelen pasar inadvertidas. Por ejemplo, el número de viviendas vacías en la capital o el número de anuncios de viviendas para alquiler tradicional.

Y es que, según el último censo del INE, el número de viviendas vacías en Madrid capital es de entorno al 10%, más de 150.000 viviendas. Por otra parte, Fernando Encinar, cofundador de idealista, comentaba en una entrevista que el número de viviendas anunciadas en el 2017 en su portal fue de 147.000. ¿Debemos pensar entonces que 6.000 viviendas en Airbnb son las principales responsables de las subidas del alquiler? Quizá el problema principal se deba a un incremento exponencial de la demanda mientras que la oferta está estancada y, también, a la inseguridad jurídica de los propietarios frente al alquiler tradicional.

Hablando de la oferta, llama también mucho la atención que, reconociendo el problema de vivienda que hay, se pase la tijera tan alegremente a proyectos como el plan Chamartín (que pasa de las 18.000 viviendas proyectadas a tan solo 10.500) o el Plan Director del Desarrollo del Sureste. Este último, especialmente dirigido a los colectivos más sensibles a las subidas de los alquileres, pasa de las 105.000 viviendas a menos de 39.000.

Dicho todo esto, con la propuesta de prohibir las viviendas de uso turístico, se tienen que asumir unas consecuencias que, por lo que se ve en los medios y en la opinión pública, se nos está olvidando tener en cuenta.

prohibición viviendas de uso turísticoQuizá la más importante de todas es la pérdida de empleo y de riqueza. Son muchas las personas que empezaron a alquilar su apartamento como una salida a la crisis cuando no había otra posibilidad. Otras, que durante la crisis se quedaron sin empleo, se reciclaron convirtiéndose en gestores de este tipo de viviendas para propietarios que no podían hacerse cargo del día a día. Con el crecimiento del número de apartamentos, muchos de estos gestores son hoy empresas que generan a su vez empleo y pagan los correspondientes impuestos.

Tampoco nos olvidemos de las empresas tecnológicas e innovadoras que han surgido a raíz de este sector: startups de software de gestión, de control de ruido en los apartamentos, de registro de la documentación de huéspedes para comunicar los datos a la policía… empresas con personal muy cualificado que captan la atención también de inversores internacionales.

Todo este caldo de cultivo económico puede simplemente desaparecer o, en el mejor de los casos, verse seriamente perjudicado solo por el cambio de la voluntad política del equipo de gobierno de turno. Y es que, aunque se suele pasar por alto, todo esto ha sido posible al calor de una regulación del 2014, todavía vigente, que permite el alquiler de viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid de forma totalmente legal.

Sumado a esto, en un país como España en el que 172.900 millones de euros del PIB provienen del turismo, se restringe la libertad de elección de alojamiento del turista y se le condena como culpable de los principales males de las ciudades.

Y, por supuesto, restringiendo también la libertad de los propietarios que han encontrado otra forma de alquilar su vivienda y de beneficiarse del sector del turismo que, hasta la llegada de plataformas como Airbnb, estaba limitado solo a hoteleros.

¿Realmente nos merece la pena llevar a cabo la prohibición? ¿No tenemos capacidad para construir una regulación que permita la convivencia entre vecinos y turistas? ¿No nos merece ningún respeto el esfuerzo de las personas que han salido adelante con las viviendas de uso turístico durante estos años? ¿Quién va a asumir los empleos destruidos?

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