Durante las últimas semanas se han comenzado a realizar inspecciones por parte de la Policia Nacional a viviendas de uso turístico (todas aquellas viviendas que se anuncian para cortas estancias en portales dirigidos al turismo como Airbnb). Estas inspecciones van dirigidas a comprobar el cumplimiento de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y que se realiza correctamente el registro de viajeros.
Dicha ley, en conjunto con la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, establece que las personas o empresas que desarrollen actividades de hospedaje, están obligadas a realizar un registro de viajeros alojados, confeccionando un parte de entrada que deberán firmar los huéspedes y que permanecerá en todo momento a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, se deberán de comunicar a dependencias policiales los datos contenidos en los partes de entradas en un plazo de 24 horas.
Se establecen también las multas correspondientes en caso de incumplimiento de esta obligación que van desde los 100 € a los 600 &, en el caso de las infracciones leves, a entre 601 € y 30.000 €, para las infracciones graves.
En nuestra opinión, realizar el libro de registro de viajeros es, además de una obligación legal, una medida de control totalmente necesaria para prevenir cualquier situación imprevista que pueda surgir en el apartamento. Por ello se debe exigir que se realice a cualquier empresa de gestión integral de apartamentos.
La estadística nos dice que los casos de vandalismo, problemas vecinales, etc. son totalmente anecdóticos pero, llegados a una situación como esta, nos encontraremos con que las plataformas no nos facilitarán ningún dato de los huéspedes por lo que quedaremos totalmente indefensos sin saber a quién reclamar.